Concepto SJ/DS 015065, 31/12/2006


Consulta jurídica – Situación Administrativa Funcionario

Concepto SJ/DS 015065, 31/12/2006

Asunto: Consulta jurídica — Situación Administrativa Funcionario

Respetada Doctora:

En respuesta a la comunicación del asunto, mediante la cual solicita concepto jurídico con respecto al mecanismo jurídico para adoptar la decisión de retirar a un funcionario del servicio que se encuentra privado de la libertad e inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un período igual al de la pena principal, se procede a efectuar el análisis correspondiente y a expresar los siguientes comentarios:

En relación con el retiro del servicio de un funcionario inscrito en carrera administrativa, el artículo 133 del Decreto Nacional 1572 de 1998, determina que se produce, entre otras, por cualquiera de las causales determinadas en el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 y conlleva el retiro de la carrera y la pérdida de los derechos inherentes a la misma.

En efecto, entre las causales que dan lugar al retiro del servicio de un empleado escalafonado en carrera, contempladas en el artículo 37 de la Ley 443 de 1998, se prevé en el literal i "(...) Por orden o decisión judicial (...)".

Así mismo, la Constitución Política, en lo atinente a las características del empleo público, contempla en el inciso cuarto del artículo 122, que "(...) Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas" (...).

Adicionalmente, la Ley 734 de 2002, en alusión a inhabilidades determina que:

"ART. 38.−Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.

3. Hallarse en estado de interdicción Judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.

PAR. 1°−Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100

salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PAR. 2°−Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1° de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.

Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado.

(...)" (Negrilla y subrayado fuera de texto).

NOTA: El parágrafo 2° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-64 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería, "en el entendido de que respecto a las conductas culposas se aplicarán las inhabilidades previstas en la ley".

Disposición, que se encontraba contemplada en el artículo 43 del anterior Estatuto Disciplinario - Ley 200 de 1995.

En virtud de lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones citadas concretamente del literal i), del artículo 37 de la Ley 443 de 1998, en concordancia con lo previsto en el numeral 3° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, este Despacho considera que debe apoyarse la decisión del señor Gobernador del Departamento, para retirar del servicio al servidor público, investigado y sancionado penalmente con pena de prisión e inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas, es decir, como una consecuencia o derivación de lo previsto en la decisión judicial.

En los anteriores términos se atiende la consulta de la referencia, con la salvedad establecida en el Inciso Tercero del Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

De requerir información adicional o aclaración alguna al respecto, estamos atentos a suministrarla oportunamente, así como a estudiar y analizar el criterio no compartido con el expuesto en el presente escrito.