Concepto SJ-DCE 235, 30/03/2004


Concepto sobre Impedimentos del servidor público cuando no tienen superior jerárquico, en procesos contra familiares.

Concepto SJ-DCE 235, 30/03/2004

Asunto: Concepto Impedimento Alcaldesa de Sibaté

Su Oficio N° 012589 del 09/03/04.

Doctora Ana:

En atención a la solicitud indicada en el asunto de la referencia, relacionada con el concepto sobre si existe algún tipo de impedimento por parte de ese Despacho para fallar un proceso, con el objeto de que esta Secretaría Jurídica señale la tesis a seguir, me permito precisar lo siguiente:

PROBLEMA JURÍDICO:

Pregunta la Alcaldesa del municipio de Sibaté, si "Puede existir algún tipo de impedimento por parte de este despacho para fallar el proceso dada la calidad que ostento y la relación que existe con el señor LUIS FERNANDO BURGOS?".

"De ser afirmativa la anterior pregunta ¿A qué oficina debo remitir las diligencias para que continúe con el trámite pertinente".

PRESUPUESTOS DE HECHO

El concepto objeto de análisis y contenido en el oficio 012589 del 9 de marzo de 2004, contiene los siguientes presupuestos:

1. "Mediante oficio CIPLAN 061-03 de la Dirección de Planeación se puso en conocimiento de la Inspección Municipal el levantamiento de unos invernaderos para floricultura ya que al parecer dicha actividad no está permitida en el Acuerdo Municipal 11 de 2002 correspondiente al Plan Básico de Ordenamiento Territorial".

2. "Que el invernadero objeto de estudio es de propiedad del señor LUIS FERNANDO BURGOS SOSA con quien en la actualidad poseo una relación conyugal legalmente constituida".

3. "A la fecha la Inspección Municipal remitió las diligencias adelantadas a mi Despacho para efectos de continuar con la investigación y proferir alguna decisión".

CONSIDERACIONES GENERALES:

En relación con el tema planteado en el oficio de consulta, resulta pertinente manifestar que entratándose de impedimentos, el numeral 15 del artículo 75 del Decreto Ley 262 de 22 de febrero de 2000, "por el cual se modifica la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación", establece:

"Funciones. Las procuradurías regionales tienen, dentro de su circunscripción territorial, las siguientes funciones, cuando lo determine el Procurador General en virtud de las facultades contenidas en el artículo 7° de este decreto.

(...)

15. Conocer y resolver los impedimentos manifestados por los servidores públicos que desempeñen funciones dentro de su circunscripción territorial y carezcan de superior jerárquico, así como las recusaciones que contra ellos se formulen, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo".

Que el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo, prescribe:

"Garantía de imparcialidad. A los funcionarios que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se aplicarán, además de las causales de recusación previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil, las siguientes:

1) Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas por el interesado.

2) Haber sido recomendado por él para llegar al cargo que ocupa el funcionario o haber sido designado por éste como referencia con el mismo fin.

El funcionario, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que comenzó a conocer del asunto o en que sobrevino la causal, manifestará el impedimento por escrito motivado y entregará el expediente a su inmediato superior, o al Procurador Regional, si no lo tuviere.

La autoridad ante quien se manifieste el impedimento decidirá en el término de diez (10) días y en forma motivada sin que contra la decisión quepa recurso; y al decidir señalará quién debe continuar el trámite pudiendo si es preciso designar funcionario ad hoc; en el mismo acto ordenará la entrega del expediente al designado que ha de sustituir al separado del conocimiento.

Las causales de recusación también pueden declararse probadas de oficio por el inmediato superior o por el procurador regional; los interesados también podrán alegarlas en cualquier tiempo. En estos eventos se aplicará, en lo pertinente, el procedimiento antes descrito.

El superior o el procurador regional podrán también separar del conocimiento a un funcionario cuando, a su juicio, en virtud de denuncias puestas por el interesado, aquel no garantice la imparcialidad debida.

El trámite de un impedimento suspenderá los plazos para decidir o para que opere el silencio administrativo".

Ahora bien, si se tiene en cuenta que los Alcaldes Municipales, no tienen superior jerárquico, en virtud a la autonomía territorial contemplada en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia y que la elección popular de los mismos les da cierta independencia en la toma de decisiones, se tiene, que estamos frente al caso de un servidor público que no tiene superior jerárquico.

El Alcalde Municipal de Sibaté, debe declararse impedido para tomar decisiones en cualquier proceso que tenga que ver con su cónyuge o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil tal y como lo establece el numeral primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil que dispone:

ART. 150 (Antiguo 142).−Modificado. D.E. 2282/89, art. 1°, num. 88. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso.

De acuerdo con lo anterior, los servidores públicos que no tienen superior jerárquico y que por razón de su cargo deben tomar decisiones dentro de un proceso donde su cónyuge o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, tengan interés, deben aducir esta causal para separarse del conocimiento del mismo, enviando las diligencias a la Procuraduría General de la Nación, para que resuelvan lo pertinente, sobre el impedimento planteado.

En estos términos, se atiende el tema de la referencia, expresando que nuestro pronunciamiento, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, no compromete la responsabilidad de esta Secretaría, ni es de obligatorio cumplimiento o aplicación.